Sergeomin bloquea información crucial sobre pasivos ambientales mineros 

El 11 de enero de 2024 el periodista Daniel Rivera Matirayo, del medio digital Acceso Investigativo, presentó una solicitud de información escrita al Ing. Gilberto Borja Navarro, Director Ejecutivo Nacional del Servicio Nacional de Geología y Minería (Sergeomin), en la cual, a través de siete preguntas solicitó ampliar y detallar datos sobre el Programa de Inventariación de Minas Abandonadas y el Atlas de Pasivos Ambientales Mineros. Entre las preguntas formuladas estaba: El avance del programa hasta diciembre de 2023, el número y estado de las minas abandonadas identificadas, la base de datos de los pasivos ambientales del Sergeomin, la situación general de estos pasivos en Bolivia y los datos remitidos a la Contraloría General del Estado en la auditoría ambiental K2/AP01/F20-E1.

La respuesta del Sergeomin, fechada el 18 de enero de 2024, fue alarmante. En lugar de proporcionar la información solicitada, la institución requirió un pago de Bs. 75.935 para acceder a los datos, ya sea en formato impreso o digital. Este cobro exorbitante para información pública esencial no solo contraviene el derecho a la información, sino que también actúa como una barrera directa al acceso a datos que deberían estar disponibles de forma gratuita. La justificación del Sergeomin para este cobro fue que la institución se sostiene a través de ingresos propios y que la información técnica geológica está disponible para la venta. Esta postura ha sido ampliamente criticada como una forma de censura previa, que limita el acceso de los ciudadanos a información crucial para la supervisión y gestión de los pasivos ambientales mineros. Ante esta situación, el periodista llevó su denuncia al Defensor del Pueblo, quien solicitó al Ing. Borja Navarro un informe detallado sobre la negativa a proporcionar la información, la base para el cobro de aranceles y las normativas que respaldan dicha política. Luego de una larga espera y la intervención del Defensor del Pueblo, el Sergeomin respondió el 2 de mayo de 2024. En su respuesta, la institución argumentó que toda la información y documentación es patrimonio de Sergeomin y citó una extensa lista de normativas y decretos que regulan la actividad minera. Sin embargo, también admitió que los datos solicitados están incluidos en el Atlas de Pasivos Ambientales Mineros, pero no cuentan con actualización al 2023 y están en proceso de actualización. A pesar de los obstáculos y la clara vulneración del derecho a la información, Rivera logró publicar su reportaje titulado "Bolivia: El País de la Tierra Envenenada". Esta investigación periodística revela los graves impactos ambientales de los pasivos mineros en Bolivia y destaca la urgente necesidad de mayor transparencia y responsabilidad en la gestión de los recursos naturales del país.

Esta situación revela una urgente necesidad de reformar la gestión de la información pública y de exigir un cambio en el comportamiento de los funcionarios públicos y/o autoridades que dirigen instituciones de los diferentes niveles de Gobierno para garantizar una mayor transparencia y rendición de cuentas.